Por Martín Ferreira Pinto @tinchoferreirapinto

Las movilizaciones de transportistas de carga realizadas esta semana en distintos puntos del país dejaron en evidencia el creciente malestar de un sector que cuestiona la implementación de la Guía Electrónica de Carga (GEC) y advierte sobre el impacto que tienen los recientes aumentos del gasoil en la actividad productiva.

Las protestas se desarrollaron en más de 30 puntos del territorio nacional, con concentraciones de camiones, maquinaria agrícola y productores rurales. En Salto, uno de los principales focos de movilización se ubicó sobre Ruta 3, entre La Gaviota y Termas del Daymán, donde el martes desde la mañana los manifestantes realizaron cortes intermitentes con quema de neumático y distribución de folletería. Las concentraciones al costado de la carretera continúan firmes hasta el momento.

La medida fue impulsada por transportistas autoconvocados e independientes, quienes aseguran que la nueva herramienta digital impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas agrega costos, burocracia y responsabilidades al trabajo diario del sector.

Rodolfo Galeano, transportista salteño que participó de la movilización, sostuvo que la preocupación principal radica en la obligatoriedad de generar una guía para prácticamente cualquier movimiento del vehículo.

“Hay que hacer una guía para ir a cargar, otra para realizar el viaje y hasta para mover un camión vacío. Todo eso implica tiempo y costos que terminan trasladándose a toda la cadena productiva”, afirmó.

El centro de la polémica
La Guía Electrónica de Carga fue presentada por el MTOP como una herramienta destinada a mejorar la trazabilidad y el control de las mercaderías transportadas. Desde el gobierno se ha insistido en que el sistema busca modernizar la actividad, simplificar procedimientos y contar con información en tiempo real sobre el movimiento de cargas.

Sin embargo, los transportistas entienden que gran parte de los datos exigidos ya son controlados mediante otros mecanismos, como la documentación obligatoria, la facturación electrónica, los sistemas de pesaje y los controles realizados por Policía Caminera, las balanzas y las propias plantas industriales.

Además, cuestionan que la herramienta dependa de la conectividad móvil en zonas rurales donde la señal es insuficiente o inexistente, situación que podría generar dificultades operativas y eventuales sanciones por errores administrativos.

El combustible, otro frente de conflicto
A la discusión por la guía electrónica se suma la preocupación por el aumento de los combustibles registrado en los últimos meses.

Los transportistas sostienen que el incremento del gasoil impacta directamente en la rentabilidad de la actividad y termina trasladándose a los costos de producción, logística y comercialización de bienes en todo el país.

“Esto afecta al transporte, al productor y finalmente al consumidor. Todo termina encareciéndose”, señaló Galeano.

Por esa razón, a las movilizaciones se sumaron productores agropecuarios, hortifrutícolas y contratistas rurales que consideran que los costos logísticos representan hoy uno de los principales desafíos para la competitividad de los sectores productivos.

El gobierno postergó la obligatoriedad
Tras las jornadas de protesta, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas mantuvo reuniones con representantes del sector y resolvió postergar la obligatoriedad de la Guía Electrónica de Carga. El sistema continuará en fase de pruebas mientras se realizan ajustes técnicos y nuevas instancias de capacitación y consulta.

Desde el gobierno se insiste en que la herramienta no tiene fines recaudatorios ni fiscales y que apunta exclusivamente a mejorar la trazabilidad y el ordenamiento del transporte de cargas. Autoridades del MTOP también señalaron que el proceso de implementación será gradual y sujeto a modificaciones surgidas del diálogo con los distintos actores involucrados.

Movilización por tiempo indeterminado
Pese a la decisión oficial de postergar la obligatoriedad del sistema, los transportistas autoconvocados mantienen el estado de movilización y aseguran que continuarán atentos a la evolución de las negociaciones.

Según Galeano, las medidas podrían profundizarse si no existen cambios de fondo en los planteos realizados por el sector.

“No descartamos nuevas movilizaciones. Lo que queremos es que se escuche a quienes estamos todos los días arriba del camión y conocemos la realidad de la actividad”, afirmó.

Mientras continúan las conversaciones entre autoridades y representantes del transporte, el conflicto pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre los costos logísticos, la digitalización de los controles y la competitividad de una actividad considerada estratégica para el funcionamiento de la economía uruguaya.

Foto: La Guardia