Por Martín Ferreira Pinto @tinchoferreirapinto

La Federación Rural manifestó públicamente su “desacuerdo” con la propuesta de crear un impuesto departamental de entre 2% y 2,5% sobre la producción agropecuaria y minera destinada a acopio, industrialización o exportación, planteada por el exdirector de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Apezteguía.

La iniciativa, publicada en una columna de opinión en la diaria, propone que las intendencias puedan aplicar el tributo por única vez durante el ciclo productivo, tomando como referencia fictos de precios internacionales de commodities y destinando la recaudación a la caminería departamental.

Según la estimación presentada por Apezteguía, el mecanismo permitiría multiplicar por cuatro los recursos actualmente disponibles para la caminería rural, pasando de unos US$ 40 millones anuales a aproximadamente US$ 160 millones.

La Federación Rural considera, sin embargo, que no se trata de un ajuste tributario menor, sino de “la creación de un tributo específico y de gran magnitud sobre un único sector de la economía nacional”.

Uno de los principales cuestionamientos de la gremial apunta a la relación entre el impuesto propuesto y el fenómeno que se pretende financiar.

La Federación reconoce como correcto el diagnóstico técnico de Apezteguía respecto al deterioro de los caminos: el daño depende fundamentalmente del peso por eje y crece exponencialmente, mientras que el valor económico de la carga no determina el desgaste de la infraestructura.

Por eso, entiende que existe una contradicción entre ese diagnóstico y la solución tributaria planteada.

“Un productor cuya producción sale íntegramente por ruta nacional pagaría exactamente lo mismo que otro con treinta kilómetros de camino departamental deteriorado”, señala el comunicado.

La gremial agrega que una producción de bajo valor y alto volumen podría generar un importante desgaste vial y, sin embargo, tributar menos que un producto de mayor valor económico transportado con una carga elevada.

Para la Federación, un impuesto calculado sobre el valor de la producción y no sobre variables como peso por eje, kilómetros recorridos o utilización efectiva de la caminería departamental no guarda correspondencia con el daño que pretende reparar.

“Duplica el IMEBA”
Otro de los argumentos centrales está relacionado con el hecho generador.

La Federación Rural sostiene que la propuesta utiliza, en los hechos, el mismo hecho generador del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA): la venta de productos agropecuarios con destino a acopio, industrialización o exportación.

“Sumar un dos y medio por ciento adicional bajo otro nombre no crea un impuesto nuevo a la caminería: duplica el IMEBA vigente y le cambia la denominación”, cuestiona.

Sobre una base agroindustrial estimada en US$ 6.400 millones, la gremial calcula que la detracción sobre el sector productivo primario podría ubicarse entre US$ 130 millones y US$ 160 millones anuales.

El campo ya contribuye a las intendencias
La Federación también rechaza la idea de que el sector productivo no realice aportes relevantes a las administraciones departamentales.

Recuerda que la Contribución Inmobiliaria Rural grava los padrones donde se desarrolla la producción y representa, según el desglose citado por Apezteguía, aproximadamente 15% de los ingresos departamentales.

A eso suma las patentes de los vehículos vinculados a la actividad productiva, las guías de propiedad y tránsito, el impuesto de 1% sobre semovientes y el IMESI incluido en el combustible utilizado por los camiones.

“El sector aporta ya, por múltiples vías, al sostenimiento de la infraestructura vial del país”, sostiene la gremial.

Antes de aumentar impuestos, auditar los recursos existentes
Para la Federación Rural, el problema de la caminería no necesariamente responde a una falta de recursos, sino a una cuestión de gestión.

El propio planteo de Apezteguía reconoce que las intendencias reciben al menos US$ 40 millones anuales del gobierno nacional para caminería rural, además de los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior y de mecanismos de financiamiento vinculados al BID.

La gremial entiende que, antes de crear un nuevo tributo de esa magnitud, debería realizarse una evaluación de los recursos actualmente disponibles, de la calidad de las obras ejecutadas y de la capacidad técnica de las direcciones de vialidad departamentales.

“Un debate republicano razonable exige mostrar auditoría de los recursos ya existentes, del rendimiento efectivo de la obra ejecutada y de la capacidad técnica real de las direcciones de vialidad departamentales para absorber una multiplicación por cuatro de su presupuesto de caminería”, sostiene.

Críticas al fondo interdepartamental
La propuesta también genera reparos por su diseño institucional.

La Federación considera que la creación de un fondo interdepartamental cuya distribución requiera el acuerdo del Congreso de Intendentes puede transformarse en un mecanismo de difícil funcionamiento.

La administración de unos US$ 160 millones anuales entre 19 gobiernos departamentales, con diferentes realidades territoriales, prioridades y signos políticos, podría generar dificultades para alcanzar acuerdos y distribuir los recursos.

“No es descentralización tributaria”
La gremial cuestiona además que la iniciativa sea presentada como una forma de fortalecer la descentralización.

“Es focalización sectorial”, afirma.

Según la Federación Rural, la propuesta concentra el financiamiento de la caminería departamental en el sector productivo primario, mientras quedan fuera otros usuarios de la infraestructura vial, como el comercio, la industria manufacturera, los servicios y el turismo.

Por ese motivo, plantea alternativas como una mayor coparticipación constitucional, la afectación específica de una parte del IMESI al gasoil o el fortalecimiento del destino de la Contribución Inmobiliaria Rural.

La respuesta a la fábula de Hércules
Uno de los pasajes más duros del comunicado está dirigido a la utilización de una fábula de Esopo por parte de Apezteguía.

El autor había recurrido a la historia del granjero cuya carreta queda atrapada en el barro y que recibe de Hércules el mensaje de que debe poner primero su propio hombro en la rueda.

La Federación Rural responde que el productor uruguayo lleva “desde hace décadas, el hombro puesto en la rueda”.

La gremial destaca el crecimiento de la producción agropecuaria, la incorporación de tecnología, genética, riego, sanidad, trazabilidad, silaje y mejoras en los sistemas productivos, además del peso del sector en las exportaciones de bienes.

En ese contexto, sostiene que el productor ya realiza un importante esfuerzo tributario.

Y agrega que la asistencia estatal para la infraestructura rural tampoco ha estado ausente, mencionando el Fondo de Desarrollo del Interior, el Programa Nacional de Caminería Rural y la línea de crédito de US$ 300 millones del BID negociada durante la gestión de Apezteguía.

“Antes de pedirle al productor que aporte ciento sesenta millones de dólares adicionales por año, corresponde preguntarse por qué los recursos que Hércules ya trajo no han rendido lo que debían”, afirma.

La Federación no se cierra a discutir el financiamiento
El comunicado procura dejar claro que el rechazo al impuesto no implica desinterés por la situación de la caminería rural.

Por el contrario, la Federación Rural afirma que considera a la infraestructura vial una prioridad nacional y se muestra dispuesta a participar en una discusión sobre su financiamiento.

La gremial propone que el debate comience por auditar los recursos existentes, mejorar la gestión, asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras públicas, establecer reglas objetivas para la asignación de fondos y aplicar mecanismos adecuados para restringir el tránsito cuando las condiciones de los caminos no permitan soportar determinadas cargas.