Por Martin Ferreira Pinto

Durante dos décadas y media, Conexión Ganadera se presentó como una innovadora forma de inversión en el sector agropecuario. Pero detrás de esa fachada de éxito, según la investigación liderada por Felipe Caorsi – asesor financiero y columnista de La Mañana quien sigue muy de cerca el caso CG -, se escondía uno de los esquemas Ponzi más grandes que haya conocido Uruguay.

“El esquema consistía en captar dinero asegurando rentabilidades muy superiores a las del mercado”, explica Caorsi en entrevista exclusiva con Actualidad Agropecuaria. “Te decían que compraban ganado con tu dinero, pero en realidad te pagaban los intereses con tu propio capital o con el de nuevos inversores”.

Aunque el modelo parecía sostenible, el sistema colapsó cuando comenzaron a faltar pagos y los inversores empezaron a sospechar. Caorsi recuerda que la primera señal fue el incumplimiento de rentas prometidas y, luego, la desprolija cancelación de un streaming donde debían dar explicaciones. “Ahí confirmé que no había más dinero”, afirma.

La situación se agravó con la trágica muerte de Gustavo Basso, uno de los principales referentes de Conexión Ganadera y que despertó grandes sospechas, desde la veracidad de su muerte, ajuste de cuentas, hasta el cierre del caso catalogado finalmente como «suicidio» tras las pericias realizadas por los investigadores del accidente.

La conexión con actividades criminales no termina allí. Aunque Conexión Ganadera no habría sido fundada por narcos, Caorsi señala que parte del dinero invertido provenía de narcotraficantes, contrabandistas y empresarios evasores de impuestos, muchos de los cuales hoy no pueden reclamar judicialmente por el origen irregular de sus fondos.

Además de Conexión Ganadera, otros esquemas como Grupo Larrarte y República Ganadera siguieron patrones similares. Mientras que el primero fue un fraude desde sus inicios, el segundo comenzó como un emprendimiento legítimo que derivó en estafa tras dos años consecutivos de malas zafras ganaderas.

En cuanto a la posibilidad de recuperar el dinero, la situación es incierta. Se estima un pasivo cercano a los 400 millones de dólares. Hasta el momento, se han detectado bienes por un valor de entre 120 y 150 millones. “Si se logra colaboración internacional, podríamos recuperar una buena parte”, sostiene Caorsi. No obstante, aclara que antes de que los damnificados cobren, deberán saldarse deudas con DGI, BPS, empleados y honorarios de los síndicos.

El impacto emocional en los inversores es devastador. “Muchos son jubilados o personas que dependían de esas rentas para sus medicamentos. Hay casos muy dramáticos”, lamenta Caorsi.

A pesar de las amenazas recibidas —algunas directamente en sus redes sociales—, el investigador continúa adelante junto a un pequeño grupo de colaboradores anónimos. “Lo que nos mueve es que los estafados puedan recuperar su dinero y que haya condenas ejemplares”, afirma.

Finalmente, Caorsi reclamó por una mayor vigilancia estatal: “No podemos vivir en un país donde haya una estafa financiera por semana. El Banco Central así como la DGI tienen que cumplir su rol”.