Por Martín Ferreira Pinto @tinchoferreirapinto

El director del Instituto Nacional de Colonización (INC) en representación de la oposición, Luca Manassi, cuestionó la lentitud de los procesos internos del organismo y planteó la necesidad de modernizar las herramientas utilizadas para facilitar el acceso a la tierra. Advirtió que mientras existen unas 35.000 hectáreas sin adjudicar en todo el país, el Instituto continúa incorporando nuevos campos.

Manassi participó el pasado lunes de una reunión con dirigentes de la Federación Rural, convocada para analizar la situación del INC y los principales desafíos de gestión. El planteo de la gremial apuntó a la necesidad de atender las ineficiencias internas y priorizar la adjudicación de tierras que actualmente permanecen sin asignar.

“Federación Rural ve con gran preocupación que se sigan comprando campos cuando hay 35.000 hectáreas sin adjudicar en todo el país”, señaló el director, quien aseguró compartir el planteo.

Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a los tiempos administrativos. Según explicó Manassi, desde que una fracción ingresa al patrimonio del Instituto hasta que finalmente es adjudicada pueden transcurrir entre un año y medio y dos años.

“Hay mucha burocracia. El Estado hace que cuando se compra una fracción o se recibe, pase un año y medio o dos hasta ser adjudicada”, sostuvo.

El director explicó que los expedientes atraviesan numerosas oficinas antes de llegar a la instancia de decisión. “Entre que pasa a la regional, que es en territorio, hasta que llega a la toma de decisiones, pasa por no menos de 10 oficinas”, afirmó.

A su entender, muchos de esos procedimientos deberían ser revisados y digitalizados. Incluso señaló que hasta hace pocas semanas todavía se utilizaban formularios en papel.

“Hay que atacar toda la administración puntualmente de Colonización para agilizar este tipo de trámites. No nos puede llevar dos años entre que recibe una fracción hasta que llega adjudicada”, afirmó.

US$ 35 por hectárea sólo en sueldos
Manassi también puso sobre la mesa el costo de funcionamiento del organismo. Señaló que Colonización administra unas 400.000 hectáreas y dispone de aproximadamente US$ 13,3 millones anuales destinados al rubro cero (sueldos).

Eso representa, según sus cálculos, un costo cercano a US$ 35 por hectárea administrada.

Para el director, existe margen para reducir costos y mejorar la eficiencia mediante una revisión profunda de los procedimientos internos. “Hace décadas que viene juntando trámites, formularios y cuestiones administrativas y burocráticas. Nunca nadie se sentó a pensar: este trámite, ¿para qué sirve? ¿Le mejora la vida a alguien? ¿Nos viene bien o nos viene mal?”, cuestionó.

En ese sentido, consideró que llegó el momento de modernizar la institución y revisar herramientas que, a su juicio, responden a una realidad productiva y económica muy diferente a la existente cuando fue creado el actual marco legal.

“Uruguay no es el mismo de 1948”
El dirigente opositor planteó además una discusión sobre el mecanismo de compra de tierras por parte del Instituto.

“Yo estoy de acuerdo con cumplir el objetivo, lo que estoy en desacuerdo es en la herramienta de compra de tierra”, explicó.

Manassi sostuvo que el Uruguay rural de 2026 es sustancialmente diferente al de 1948, cuando se creó el marco institucional vigente.

“Estamos en 2026. La sociedad agropecuaria no es la misma que en el 48, el Uruguay no es el mismo que en el 48 y los valores de las cosas no son los mismos que en el 48”, afirmó.

Por eso, entiende que deben analizarse mecanismos alternativos que permitan cumplir el objetivo de facilitar el acceso a la tierra sin que necesariamente todo pase por la adquisición directa de campos por parte del Estado.

Entre las alternativas mencionó herramientas financieras, garantías para facilitar créditos entre privados y mecanismos que permitan a los aspirantes acceder a tierra mediante otras modalidades.

El desafío de los jóvenes y el capital
Otro de los puntos planteados fue el perfil de quienes actualmente pueden acceder a una fracción de Colonización.

Manassi reconoció que el aumento del valor de la tierra, del ganado, de los servicios y del capital necesario para poner en marcha una explotación agropecuaria eleva la exigencia para los aspirantes.

El problema, sostuvo, queda particularmente expuesto en los llamados dirigidos a jóvenes.

“Si se agarra a jóvenes de 20, 23, 24 años, es muy difícil que tengan un capital como para poblar una fracción”, explicó.

A su entender, esa dificultad debería ser atendida mediante asistencia financiera y líneas de crédito de largo plazo que permitan complementar el acceso a la tierra con capital para producir.

Propiedad para los colonos
En esa línea, Manassi defendió el proyecto que impulsa para que los colonos puedan acceder a la propiedad de las tierras que actualmente explotan.

Según explicó, la propuesta contempla mecanismos de financiamiento a largo plazo, con plazos que podrían ubicarse entre 30 y 40 años y tasas cercanas al 2%, de acuerdo con los sondeos realizados.

“La idea es que los colonos puedan hacerse propietarios de las tierras”, señaló.

También planteó que Colonización pueda actuar como garante para facilitar la compra de tierras en el mercado privado cuando un colono tenga capacidad productiva pero no pueda acceder por sí solo al financiamiento bancario.

“Eso ya está previsto en la ley del 48, que le pueda salir de garantía para hacer frente a ese crédito y que, en definitiva, pueda comprar su campo en el sector privado”, explicó.

El director también llevó la discusión hacia el objetivo social de la política de tierras y citó una de las frases más conocidas del Reglamento de Tierras de Artigas: “Que los más necesitados sean los más privilegiados”.

Pero sostuvo que habitualmente la frase se repite de manera incompleta. A su entender, el planteo artiguista también vinculaba el acceso a la tierra con el trabajo y el aporte a la sociedad.

“Nosotros tenemos que generar un puente hacia la autonomía, hacia la capitalización, hacia el progreso”, sostuvo.

Para Manassi, el objetivo debe ser que las políticas públicas permitan que quienes reciben una oportunidad productiva puedan avanzar hacia la autonomía económica y no quedar indefinidamente dependiendo del Estado.