Por Martín Ferreira Pinto @tinchoferreirapinto

El director del Instituto Nacional de Colonización, Lucas Manassi Orihuela, compareció ante la comisión investigadora que analiza la compra de la estancia María Dolores, instancia que dejó en evidencia dudas administrativas, falta de planificación y una explotación aún muy por debajo de su potencial.

Durante el intercambio con legisladores, Manassi repasó el proceso de adquisición del establecimiento, que contó con su voto en contra, y detalló una serie de inconsistencias que, según sostuvo, fueron señaladas oportunamente. Entre ellas, cuestionó la negativa a brindar un informe jurídico sobre una eventual incompatibilidad constitucional vinculada a la integración del directorio, lo que generó especial interés dentro de la comisión.

Además, se analizaron aspectos técnicos como el proceso de tasación del campo y la legalidad de las decisiones adoptadas en el organismo, incluyendo si eran necesarios tres o cuatro votos para validar la compra.

Producción parcial y sin rumbo claro
Uno de los puntos más críticos expuestos refiere a la situación actual de la estancia. Hoy, María Dolores se encuentra lejos de su capacidad productiva: unas 2.000 hectáreas permanecen sin uso, mientras que solo una parte del predio está siendo explotada, entre producción lechera y arrendamientos puntuales.

A esto se suma que, a la fecha, no existe un plan colonizador definitivo, lo que genera preocupación en la oposición y refuerza las críticas sobre la falta de dirección estratégica del proyecto.

En paralelo, ya se realizaron inversiones por más de 6 millones de pesos en el predio, gran parte destinadas a reparaciones de infraestructura, como sistemas de riego.

Errores administrativos y pérdidas económicas
Otro elemento que quedó en evidencia fue la fallida licitación para cultivos de verano, que debió declararse desierta por un error en los criterios de adjudicación. Esta situación implicó la pérdida de ingresos para el Estado y volvió a poner sobre la mesa el costo de las ineficiencias en la gestión pública.

Actualmente, una nueva adjudicación privada ya está en marcha, aunque abarca una superficie menor a la inicialmente prevista.

Feedlot en definición y múltiples alternativas
Respecto al corral de engorde, con capacidad para unos 8.000 animales, Manassi señaló que existen interesados, aunque por el momento no hay definiciones formales. Las opciones sobre la mesa incluyen su explotación privada mediante licitación, el uso por parte del propio instituto o incluso su eventual venta.

Burocracia vs. oportunidad
El jerarca también reconoció las dificultades que imponen los tiempos administrativos del Estado, especialmente en un contexto favorable para la ganadería, con precios atractivos y costos de alimentación relativamente bajos.

“Los procesos del Estado muchas veces son enfermantes”, afirmó, aunque aseguró que en este caso se intenta imprimir mayor celeridad.

Un debate de fondo: el rol de Colonización
Más allá del caso puntual, Manassi planteó una discusión estructural sobre el modelo del instituto. En ese sentido, cuestionó la efectividad de la compra de tierras como herramienta principal para el arraigo rural, en un contexto donde la despoblación del campo continúa.

Propuso explorar alternativas más modernas, como instrumentos financieros que faciliten el acceso a la tierra en propiedad, en lugar de arrendamiento, buscando mayor estabilidad y estímulo a la inversión productiva.

El planteo se da en paralelo a los resultados del Censo Agropecuario 2024, que confirmaron la tendencia de pérdida de población rural, reforzando la necesidad de revisar políticas públicas en el sector.

Investigación con derivaciones políticas y judiciales
La comisión investigadora continuará profundizando en pedidos de información a distintos organismos. Su objetivo es determinar responsabilidades políticas, mientras que el caso ya se encuentra también bajo análisis de Fiscalía, lo que podría derivar en consecuencias judiciales.