Por Martín Ferreira Pinto

El Consejo Directivo de la Federación Rural, reunido en sesión ampliada el 5 de noviembre en la Asociación Rural de Reboledo, exhortó a actuar con prudencia en la búsqueda de soluciones al problema de abastecimiento de agua en la zona metropolitana, priorizando la reducción de las enormes pérdidas de agua potable existentes.

En una declaración emitida tras el encuentro, la gremial ruralista advirtió que “la represa tal como está planteada no da garantías de una real solución a los problemas de suministro de agua potable”. Señaló que el proyecto continúa dependiendo de la cuenca del río Santa Lucía y de la potabilización exclusivamente de aguas corrientes, además de carecer de estudios técnicos, financieros y ambientales completos, lo que deriva en “riesgos muy altos”.

La Federación Rural subrayó además los impactos negativos que la obra tendría sobre la zona afectada en tres dimensiones clave:
Social: provocaría la ruptura del entramado social construido durante generaciones, generando el desarraigo de familias rurales, el cierre de emprendimientos y de escuelas rurales centenarias aún activas.
Ambiental: ocasionaría perjuicios significativos contrarios a compromisos internacionales asumidos por Uruguay, incluyendo la pérdida de monte nativo y su ecosistema asociado.
Productivo: afectaría una extensa zona de alta productividad, con diversidad de rubros y actividades, generando consecuencias económicas para el país y, especialmente, para las familias rurales que hoy desarrollan allí su trabajo.

Frente a este panorama, la Federación Rural considera “fundamental otorgar un plazo de seis meses para la realización de estudios técnicos y ambientales que analicen en profundidad las distintas alternativas disponibles”, con el objetivo de garantizar decisiones responsables y sostenibles a largo plazo.

El comunicado sostiene que existen alternativas viables y modernas, utilizadas en otras partes del mundo, que podrían asegurar el abastecimiento de agua sin generar impactos negativos. Entre ellas, menciona la extracción de agua de nuevas fuentes, la desalinización y la utilización controlada del Río de la Plata, entre otras opciones que contribuyan a la seguridad hídrica sin comprometer los recursos naturales ni la calidad del agua.

Finalmente, la gremial remarcó que mantiene una posición firme “en defensa de la producción nacional, del medio ambiente y, sobre todo, de las familias rurales, que son parte esencial del desarrollo y del futuro del país”.

“Seis meses para encontrar la solución estructural para los próximos 100 años”, concluye la declaración.