Por Martín Ferreira Pinto

En una votación extremadamente reñida, el Parlamento Europeo aprobó enviar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, frenando temporalmente su ratificación y dejando en suspenso la entrada en vigor del tratado más ambicioso entre ambas regiones en décadas.

Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, los eurodiputados respaldaron una moción que cuestiona la compatibilidad legal del acuerdo con los tratados de la UE, en particular por dudas sobre la base jurídica escogida y ciertos mecanismos incluidos en el texto. Mientras el Tribunal de Justicia emite un dictamen, un proceso que puede extenderse entre 12 y 24 meses, la tramitación del acuerdo queda paralizada.

Este giro se produce apenas días después de que los líderes de ambos bloques celebraran en Asunción la firma formal del tratado, tras más de 25 años de negociaciones y tras amplios debates sobre derechos laborales, normas ambientales y acceso a mercados. Sin embargo, esa firma no implica que el tratado entre en vigor de inmediato: aún requiere la aprobación final del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales en la UE.

Implicaciones económicas y políticas
El acuerdo Mercosur-UE, diseñado para eliminar progresivamente más del 90 % de los aranceles entre las dos regiones y crear una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo, prometía beneficios significativos para las exportaciones sudamericanas de bienes agrícolas, alimentos procesados, minerales y materias primas, así como para la diversificación de destinos comerciales en mercados clave.

Para los productos agropecuarios uruguayos como la carne, soja, lácteos y productos manufacturados, el tratado representa una oportunidad de acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de consumidores con normas armonizadas, reglas de origen claras y mecanismos de resolución de disputas. También se esperaba que el acuerdo impulsara inversiones y modernización productiva en sectores clave de la economía.

No obstante, la decisión del Parlamento Europeo refleja resistencias internas en la UE, impulsadas por sectores agrícolas y ambientalistas que temen un flujo de importaciones más baratas y la erosión de estándares en producción sostenible. En países como Francia, Polonia y parte de Europa del Este, esta preocupación ha sido particularmente fuerte, con protestas y movilizaciones de agricultores en las últimas semanas.

Un escenario de incertidumbre
Aunque la remisión al TJUE es un revés para el tratado, no lo descarta completamente. Un dictamen favorable del Tribunal podría desbloquear la ruta hacia la ratificación definitiva, aunque eso tomaría tiempo y dependerá de interpretaciones jurídicas sobre la regulación del comercio internacional y las competencias de la Unión.

Además, instrumentos como la aplicación provisional de partes del acuerdo, previstos en las normas de la UE para tratados comerciales antes de la ratificación completa, podrían permitir activar capítulos específicos mientras se resuelve la cuestión legal, aunque esta alternativa es objeto de debate político y técnico en Bruselas.

En los próximos meses, la atención quedará puesta en Luxemburgo, donde el TJUE analizará las cuestiones planteadas por los eurodiputados, y en Bruselas, donde diplomáticos del Mercosur y de la UE deberán coordinar posiciones para evitar que el prolongado proceso de revisión eclipse las oportunidades económicas y geopolíticas del histórico tratado.