MODIFICACIÓN A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES ES INSUFICIENTE

Por Horacio Bafico y Gustavo Michelin

En estas semanas, el gobierno anunció
que encarará estos dos problemas
mediante una mejora o flexibilización
en las condiciones de uso
del programa de incentivos a la inversión.
Es una buena herramienta,
pero en el contexto actual no va
a desplegar todo su potencial y va a
ser insuficiente para resolver el
problema.
Existen en el país varios regímenes
promocionales, que apuntan precisamente
a estimular la formación bruta
de capital en la economía. El régimen
general funciona en la órbita de
la Comisión de Aplicación de la ley
de Inversiones (Comap), que concede
una serie de beneficios tributarios
a los proyectos de inversión que
se presenten a su evaluación. Los
beneficios consisten en bonificaciones
en los impuestos a pagar como
ser Impuesto al Patrimonio, IVA, tributos
de importación e Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas
(IRAE).
Además de incentivar la inversión el
mecanismo procura lograr otros objetivos
como ser la generación de
empleo, aumentar las exportaciones,
promover innovaciones tecnológicas,
la descentralización geográfica de la
producción o el uso de tecnologías
más limpias.
Para lograr empujar estos objetivos,
lo que se propone en el régimen es
un compromiso de las empresas con
cumplir determinados resultados en
estas variables y dar más exoneración
cuanto más alto es el valor comprometido.
Al inicio, en el año 2007, se permitió
elegir un solo objetivo y la exoneración
subía en la medida que la empresa,
por ejemplo, aumentaba la
cantidad de personas ocupadas.
Desde 2012 el esquema de compromiso
se hizo más complejo y se redujo
el porcentaje de la inversión que
generaba bonificación impositiva. Era
una época en la que la economía uruguaya
estaba en pleno empleo, por
lo que se restringió esta posibilidad
y se buscó promover la contratación
de mano de obra calificada.
El régimen se tornó más restrictivo.
No obstante, los montos presentados
siguieron aumentando de la mano de
los proyectos de energía eólica que
más que compensaban el descenso
de la inversión en las restantes áreas
de la economía.
Agotada la inversión energética en
2016, los montos del último año cayeron
al nivel más bajo desde que
está vigente el sistema actual, lo que
motivó los cambios que se anunciaron en los últimos días.
Esos cambios apuntan básicamente a
elevar el beneficio que se puede obtener
por concepto de IRAE. Se
reponderan los indicadores de la
matriz y el beneficio máximo que se
puede llegar a obtener pasa del 100%
del monto de la inversión al 130%.
Dos cambios importantes se dieron
para que ello fuera posible. Aumenta
la ponderación del indicador generación
de empleo y se separa el
indicador producción más limpia de
innovación y desarrollo. Hasta hoy se
debía optar por uno u otro; con los
cambios propuestos se puede optar
por los dos.
A su vez, el indicador de empleo deja
de preocuparse por el tipo de empleo
y se centra en el número de puestos
generados.
En los números fríos, las modificaciones
anunciadas mejoran el beneficio
que el empresario puede obtener
por IRAE.
Sin embargo, ello por si sólo no garantiza
que aumente la inversión. En
última instancia está depende de las
expectativas sobre la rentabilidad
futura de los proyectos, lo que va de
la mano del volumen de negocios esperado
y de los costos.
El mecanismo es fuerte como para
incentivar inversiones bajo ciertas
condiciones. Es muy bueno cuando se
genera renta e impuesto a la renta
muy rápidamente y el riesgo es bajo.
En caso contrario, el beneficio recibido
se diluye en el tiempo o se pierde.
En la situación actual, necesita un
volumen de negocios alto y con perspectivas
de crecimiento y justamente
la pérdida de competitividad en
sus diversas dimensiones está acotando
esta posibilidad.
De nada sirve comprometer el cumplimiento
de objetivos como aumentar
los puestos de trabajo para obtener
un beneficio de US$ 100.000 a
descontar a lo largo de cinco años si
luego el impuesto a la renta que se
deberá pagar está lejos de ese beneficio.
Si es una empresa en marcha y
la inversión es pequeña en el total,
la generación de renta suficiente
como para aprovechar el beneficio no
es una limitante. El problema que
surge es la posibilidad de no poder
cumplir los objetivos, en especial los
de generación de empleo.
Donde hay una brecha entre lo que
pretende el esquema de incentivos
y lo que puede lograr es en la inclinación
de las decisiones de las empresas
hacia los objetivos. El mecanismo
actual es un emporio de buenos
deseos, pero en los hechos no hacen
cambiar decisiones que ya están
tomadas con la inversión. Esto
es, van a generar la cantidad de
puestos de trabajo necesarios pero
el hecho de poder incrementar la
bonificación no hace que se contrate
más gente.
Para tomar como referencia el caso
hipotético de una inversión de US$
300.000 por una empresa mediana
ubicada en un barrio periférico de
Montevideo. En el sistema vigente
el beneficio que puede obtener si
se compromete a contratar un trabajador
más en la empresa es de
US$ 70.000 y si sube a dos trabajadores
llega a US$ 76.000. Es una diferencia
pequeña y por una única
vez, contra el compromiso de contratar
una persona adicional por un
período de cinco años. Solo se contratará
si efectivamente se necesita
y es rentable.
En definitiva, aunque se flexibilice el
instrumento de promoción de inversiones,
no es una solución al problema
de fondo de la economía que es
la falta de rentabilidad para los proyectos
de inversión que requieren la
contratación de trabajo.

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