Además, le pidieron a la Mesa de Enlace que impulse un cese de comercialización de productos agropecuarios si no recibe respuestas del Gobierno al reclamo de llevar a cero los derechos de exportación al trigo, maíz, lácteos, legumbres, carne y economías regionales así como retrotraer las retenciones a la soja a la alícuota vigente antes del 10 de diciembre.

«Hay mucho desánimo para la siembra de la próxima campaña; en esta zona somos muchos productores chicos que venimos de enfrentar una sequía», dijo Ariel Bianchi a LA NACION, productor autoconvocado de Guerrico, en el partido de Pergamino, que participó de la asamblea.

Otra decisión que tomaron fue realizar una gran asamblea nacional para el 11 del mes próximo en San Nicolás, frente a la muestra Expoagro, que se realizará del 10 al 13 de marzo. «No es un boicot, aprovecharemos que allí van muchos productores», explicaron. Ese día, además, se cumplen 12 años de la resolución 125 que provocó un duro conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner. También evaluarán impulsar una gran marcha al Congreso, en Buenos Aires.

Aunque originalmente fue organizada por autoconvocados de San Nicolás, la asamblea tuvo el apoyo de las Sociedades Rurales de Pergamino, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Rojas, Junín, Vedia, Salto y San Antonio de Areco y de Carbap, quienes se reunieron el jueves pasado y expresaron su respaldo «frente a la agobiante presión impositiva nacional, provincial y municipal». Además, asistieron legisladores de Juntos por el Cambio: los diputados nacionales Lucía Lehman (Santa Fe) y Pablo Torello (Buenos Aires), la senadora Elisa Carca y el diputado Luciano Bugallo, ambos bonaerenses.

En la asamblea participaron agrupaciones de autoconvocados de municipios del norte de la provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe ( AO12 y R34, Roldan. Rutas 9 y 178, Armstrong. Carlos Pellegrini), del NOA y del NEA. Además, asistieron dirigentes de filiales de la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina y Coninagro.Baja de producción

Los productores advirtieron que de no haber cambios en los derechos de exportación, la superficie sembrada con maíz y trigo bajará 25 por ciento, y la cosecha un 30%, lo que significará menos viajes de camiones, menos granos que pasen por los acopios y la caída de ventas en los insumos agropecuarios.

Al mismo tiempo, reclamaron una baja en el gasto público y destacaron que desde 2002, el Estado recaudó 170.000 millones de dólares en concepto de derechos de exportación que pudieron haber servido, entre otras cosas, para construir 6000 hospitales de alta complejidad.

Hace una semana la Mesa de Enlace le envió una nota al ministro de Agricultura, Luis Basterra, para solicitarle una reunión para llevar los reclamos de los productores. El 18 del mes pasado, una asamblea organizada por Carbap en Pergamino fijó un plazo hasta el 31 de enero para recibir una respuesta del Gobierno a los reclamos de baja de presión impositiva.

En los últimos días crecieron las versiones de un posible nuevo incremento de los derechos de exportación que pesan sobre la soja, el maíz y el trigo. Según la ley de emergencia económica, el Congreso autorizó al Ejecutivo a incrementar en tres puntos porcentuales las retenciones para los principales cultivos. Así, el Gobierno, en cualquier momento, puede decidir aumentarlas del 30 al 33% a la soja, y del 12 al 15 % al maíz y al trigo.

De incrementarlas, el mayor impacto recaería sobre la próxima campaña agrícola 2020/21, que comienza con la siembra de trigo en mayo próximo ya que los productores adelantaron declaraciones de ventas del actual ciclo frente a una eventual nueva suba.