Pagó 16.000 dólares por esos servicios y al vencer el plazo, cuando fue a retirar los animales, ya no estaban en el predio rural.

El dueño del campo dijo sin vueltas que los había comercializado utilizando caravanas de su propiedad, configurándose así el delito de abigeato.

La Fiscalía de Chuy tomó la investigación. La fiscal titular Sandra Fleitas se abstuvo de llevar adelante el caso por temas personales y el expediente recayó entonces en el fiscal adjunto Leonardo Drugos.

Cuando la investigación se estaba iniciando, la Policía dio cuenta a la Fiscalía que el autor del robo de ganado se había quitado la vida. Las actuaciones continuaron para determinar el paradero de los animales.

La extensa investigación logró desentrañar una operativa fraudulenta de venta de ganado a través de consignatarios y mediante remates por pantalla, con la complicidad de una veterinaria que no cumplía con los controles de rigor, así como vendedores y compradores que eran conscientes que se estaba comercializado ganado por fuera de la ley.

ABIGEATO

El fiscal del caso imputó el delito de abigeato especialmente agravado como coautores a la veterinaria Tania Karina Silvera, a Eduardo Bobadilla, Jorge Aboy y Sebastián Caligaris, y a Óscar Molina como cómplice del mismo delito.

RECEPTACIÓN

Por su parte, les imputó el delito de receptación (compra de un bien robado) al reconocido empresario del taxi Óscar Dourado, el titular del escritorio ganadero Alejandro Berruti, Yubert López del Puerto, María Florencia Perdomo, Dinora Zeballos, Kleiber Alejo Perdomo, Sebastián San Martín y Milton Amaral.

En estos casos, el fiscal dice que no puede alegarse buena fe, porque la buena fe culposa es inadmisible.

Si compraron el ganado que estaba marcado debieron leer las caravanas para comprobar la trazabilidad del ganado (origen de los animales) y si así lo hubieran hecho, habrían advertido la grosera diferencia entre los animales adquiridos y la información de las caravanas, dice el fiscal.

“Nadie compra vacas preñadas de cuatro años cuyas caravanas indican que son machos de entre seis y 11 meses”, agregó.

El fiscal sostiene que la conducta delictiva del vendedor no exime de responsabilidad penal a los intermediarios ni a los compradores.

Apelando a las herramientas del nuevo Código del Proceso Penal, el fiscal llegó a un acuerdo reparatorio con los imputados para resarcir el daño y por eso dispuso la suspensión condicional del proceso.

En algunos casos, además de pagar por el ganado a su dueño original, deberán realizar tareas comunitarias, como es el caso de Dourado.