Durante la discusión del proyecto en las comisiones de Ganadería y Diputados las gremiales lecheras habían sugerido a los legisladores elevar a US$ 60 millones el fondo y que sea de libre disponibilidad y no básicamente para articular un fondo de garantía para reperfilar deudas como finalmente terminó de acordarse. En la declaración conjunta se advierte que la mayoría de los recursos del fondo (US$ 27 millones), tal como está diseñada la ley “solo será utilizado por una fracción de productores, siendo de un altísimo costo y una dudosa eficacia”.

Por otro lado, advierten que apenas un 16% del fondo (unos US$ 6 millones) serán distribuidos “utilizando un tope arbitrario de 480 mil litros/año, que no tiene ninguna justificación técnica, generando una profunda injusticia, que no podemos compartir ni avalar, aun cuando alcance a un número importante de productores”. En ese sentido, consideran que esta opción “atenta contra las bases cooperativas de nuestra lechería, donde cada litro vale lo mismo venga de un grande, chico o mediano, y donde todos colaboran para que este modelo de cadena del país entero sea viable”.

“Van a quedar muchos productores que no van a tener acceso a esos fondos. Nosotros (por las gremiales) habíamos propuestos un monto de dinero para que se distribuyera entre todos los productores que era lo más justo”, comentó el titular de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera.

En el cuarto punto, las gremiales expresaron su “desazón ante la actitud del gobierno, que en medio de una profunda crisis -que ha significado la desaparición de cientos de tamberos, varias industrias y miles de puestos de trabajo-, se niega a escuchar lo que parece no entender, cuando los productores le extendemos nuestra mano con soluciones reales, sin costo fiscal, apostando al desarrollo de un sector que es estratégico en el futuro de nuestro país”.

La declaración está firmada por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Intergremial de Productores de Leche, Sociedad de Productores de Leche de Florida, Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, Agremiación de Tamberos de Canelones, y la Asociación Rural de San José.

En declaraciones a la prensa el presidente de la Agremiación de Tamberos de Canelones, Justino Zabala, dijo que la ley del Ejecutivo “deja muchas puertas abiertas, por lo que la iniciativa no se rechaza totalmente porque abarca aspectos que beneficia a un número de productores”, como el fondo de garantía que puede hacer que un grupo de productores pueda reperfilar sus deudas y eventualmente pasivos con sus proveedores. Luego de reglamentada la iniciativa, habrá un plazo de 6 meses para conocer cuántos productores finalmente solicitan el fondo de garantía de US$ 27 millones.

Por otro lado, Cabrera consideró que hay muchos “puntos negros” de la iniciativas que no están del todo claro. Consideró “ridículo” el subfondo anticíclico de US$ 3 millones para que se activa ante descensos bruscos y pronunciados en la cotización de los lácteos en los mercados internacionales. “Con US$ 3 millones hacemos nada. Tampoco está claro si el resto de los US$ 27 millones del fondo de garantía que no se va a utilizar va a ir a parar el fondo anticíclico. Quizás en la reglamentación eso se pueda aclarar un poco más”.

Tardáguila Agronegocios.