La sequía en el sector agropecuario como situación estructural

No es necesario ahondar en la importancia que tiene el sector agropecuario para la economía nacional, el empleo y el desarrollo de las localidades del interior del país.

Por otra parte tampoco es necesario justificar ampliamente que los eventos de sequía ocurren en nuestro país con frecuencia e intensidad variada, pero que la misma sistemáticamente afecta de forma importante los sistemas productivos nacionales.

El país en este sentido cuenta como única estrategia de atención a las emergencias climáticas la declaración por parte del MGAP de dicha situación, y por ende solamente se pone a trabajar los recursos con que esta cartera cuenta o puede movilizar para enfrentar ya sea sequias o inundaciones en el medio productivo.

Se entiende que es necesario avanzar en el sentido de generar un sistema nacional que atienda estas emergencias y que permita automáticamente coordinar distintos organismos del Estado para que ante las situaciones extremas se disparen mecanismos de apoyo pre definidos ante la emergencia.

Probablemente el organismo idóneo para trabajar sobre esto sea el propio SINAE (o se puede conformar un sistema de las mismas características con especificidad agropecuaria), el cual coordina ya emergencias climáticas pero de carácter más urbano, y que nuclea y coordina a un conjunto de organismos y tiene la experiencia necesaria para avanzar en los protocolos, pudiendo implementar nuevos dispositivos para el sector agropecuario incorporando entre los organismos que lo integran al MGAP como actor central de esta área del Sistema Nacional de Emergencia.

Es fundamental contar con una batería de medidas que sean automáticas ante estos eventos, a los efectos de por una parte darle certidumbre al productor de las herramientas con las que contará en el futuro y que estos mecanismos no serán resorte exclusivo de los gobernantes de turno, transformando la atención a la emergencia en una política de Estado.

A continuación se detallan medidas que se entiende son importantes de implementar tanto en el marco del esquema planteado anteriormente pero serían fundamentales comenzar a aplicar a partir de esta coyuntura de sequía actual. En general la gran mayoría de estas medidas no implican aportes financieros o pérdidas de ingresos para el Estado, si no que se centran en medidas de tiempo y herramientas financieras.

Cabe tomar en cuenta que este tipo de situaciones genera 2 perjuicios, por un lado impacta en los menores niveles productivos, efecto de la falta de agua, y por otro incrementa los costos de producción a esos niveles ya deprimidos, ya sea por necesidad de mayores insumos en el caso de la producción animal, o porque la mayor cantidad de inversión ya se realizó como es el caso de las producciones de origen vegetal.

• Eliminar la categorización de productores afectados de acuerdo a la escala en el entendido que la sequía golpea a la producción en general y a todo productor o empresa que la padece.

• Dejar abierta de forma permanente la posibilidad de inscripción de los productores como damnificados por la emergencia.

• Difusión permanente de los planes y programas existentes en diferentes organismos del estado que pueda aportar a solucionar esta problemática fuera de los períodos de emergencia (ejemplo COMAP).

• Rebaja del 18% de la contribución inmobiliaria para el año en que se produce el evento.

• Diferir pagos de DGI, BPS y contribución hasta 6 meses pasada la emergencia climática.

• Suspender cortes de energía y permitir la refinanciación de deuda a 12 meses luego de terminada la emergencia.

• Rebaja del costo del KW durante el periodo, manteniendo el valor de todo el consumo al valor del KW básico.

• Corrimiento de 6 meses del pago de las cuotas a colonización que caigan dentro del período de seca, con una refinanciación en 3 años.

• Eliminar fuera del periodo de riego de cultivos la tasa básica vinculada a la potencia contratada de UTE, cobrando únicamente el consumo para permitir el riego de pasturas y campos naturales de ser necesario.

• Agilizar permisos y trámites para la exportación de ganado en pie a los efectos de defender precios y no quedar con la industria como única herramienta de bajar carga rápidamente.

• Habilitar líneas de créditos blandas, permitiendo utilizar el ganado como prenda y garantía para la compra de raciones y reposición o realización de pasturas.

• Exoneración de IVA a los fletes que se realicen para traslado de fardos.

• Comercialización de los sub productos generados por ALUR, ya sean pellets o burlanda al costo de producción.

• Poner maquinaria de distintos organismos del Estado para construcción y mejora de tajamares, y realización de pozos, con costo operativo a cuenta del productor.

• Habilitar una línea de crédito para productores lecheros equivalente a 1500 U$S/3000 lt de leche producidos en el mes para apoyar la necesidad del aumento de uso de raciones o suplementos consecuencia del déficit forrajero.

• Reducción de devolución del 50% del FAL hasta 3 meses de terminada la emergencia.

• Coordinación por parte del organismo para la realización de fardos en distintas zonas que permitan utilizar la fibra de los rastrojos de arroz u otros cultivos por productores de las zonas afectadas. .

• Habilitar automáticamente líneas de crédito para refinanciación en los sistemas agrícolas y horti frutícolas, por ser estos los tienen una mayor pérdida directa en tan corto plazo y que genera endeudamientos importantes que afectan rápidamente las cadenas de pago. Estas líneas deberán ser de al menos 3 años. Además de estas medidas puntuales, se entiende que es necesario avanzar en el desarrollo de 4 proyectos de largo plazo que le den sustento a la producción agropecuaria.

1) Desarrollar a partir de campos de colonización que no están asignados áreas gestionadas por gremiales o grupos de productores locales que tengan como objetivo la generación de reservas forrajeras para estas eventualidades y que actúen como hotel de ganado durante las sequías priorizando las categorías de terneros y recría.

2) Desarrollar programas de créditos de largo plazo (10-15 años) que favorezcan la incorporación de riego en sistemas pastoriles o cultivos, con eliminación de IVA y otros impuestos que muchas veces inviabilizan la inversión.

3) Generar fideicomisos de largo plazo que permita recapitalizar e incorporar tecnología en los sistemas productivos nacionales, como herramienta que de competitividad al productor uruguayo. De esta manera se permite a fondos de inversión de distinta índole aportar al desarrollo agropecuario fortaleciendo el entramado social existente.

4) Generar líneas de seguros agropecuarios que atiendan estas situaciones, seguros que reflejen mejor a los existentes el impacto de los problemas climáticos sobre la producción, tanto en las condiciones disparadoras de los mismos como de costos de las primas respectivas. Más allá de la necesidad de comenzar a implementar varias de estas medidas en la coyuntura actual, todas estas medidas paliativas deben ser promovidas y estimuladas en las situaciones de clima normal cómo forma de prevenir situaciones catastróficas.

La mejor herramienta es la prevención.

El presente documento pretende ser una herramienta que permita aportar un enfoque diferente en el abordaje de las emergencias climáticas. La batería de medidas planteadas en el mismo son un resumen de la idea, quedando a disposición para poder profundizar en los puntos que se entienda pertinente.

Este documento fue realizado con los aportes de productores e integrantes del movimiento, de todas las mesas departamentales del Uruguay.