En relación a la reciente discusión sobre el contrato firmado entre el gobierno Uruguayo y UPM para la eventual inversión finlandesa en una segunda planta de celulosa, Un Solo Uruguay aclara que el movimiento bajo ningún modo se opone a la generación de empleo, a la inversión y al desarrollo del interior del país, sino que considera que el contrato que brinda una parte del gobierno a una sola empresa extranjera no presenta igualdad de condiciones con respecto al resto de los sectores y es desfavorable para nuestra economía.

El contrato que le ofrece el gobierno a este emprendimiento es inconstitucional, esa razón ya es más que suficiente para reclamar que el mismo no se lleve a cabo, la constitución de nuestro país expresa claramente que Uruguay puede celebrar acuerdos comerciales de diferentes clases, pero para esto establece como mecanismo que los mismos sean aprobados o no por el Poder Legislativo (Artículo 85, inciso 7). Este proceso se ha dado de forma confidencial y únicamente ha sido manejado por un sector del Poder Ejecutivo. Ni siquiera debería titularse «contrato» ya que sólo Uruguay se compromete a realizar cuantiosas inversiones, cercanas a los 2 mil millones de dólares, para que luego de realizadas las mismas la empresa resuelva si sigue adelante o no.

La expropiación de más de 600 padrones, la construcción de una nueva vía férrea, el dragado del puerto de Montevideo, la construcción de un viaducto, otorgar Zona Franca al emprendimiento industrial, la compra por parte de UTE del excedente de energía que genere la misma a un precio ya fijado y por 20 años, el comprometerse a que el río Negro correrá siempre, etc., son algunas de las razones que cómo Uruguayos nos llevan a oponernos y a pedir explicaciones al Poder Ejecutivo.

Desde el surgimiento del movimiento, se ha pedido que se atienda la situación crítica que está viviendo el sector productivo, comercial y de servicios, sobre todo en el interior del país, y no se ha logrado generar una discusión sostenible que permita hacer reconocer por parte del gobierno la crítica situación que se vive.

Por último, el movimiento confirma que el 24 de agosto presentará en torre ejecutiva, junto con otros grupos sociales, la primera tanda de firmas con la petición para que se rescinda el acuerdo. Esta sinergia surge a partir de que existen diversos actores que consideran que el contrato impactará de forma desfavorable, en la pérdida de soberanía, desde la perspectiva económica como a nivel ambiental.